La Justicia Federal y la ordinaria avanzan para encontrar a los responsables de enviar amenazas de bomba a establecimientos educativos. Funcionarios de ambos fueros acordaron trabajar de manera conjunta para identificar a los responsables que serán acusados de intimidación pública, delito que contempla una pena de entre dos y seis años.
Según las estadísticas, por día, hubo cuatro amenazas en las últimas 30 jornadas. Ayer se registraron al menos tres nuevos casos. El colegio San Carlos, la Escuela Normal (por segundo día consecutivo) y la Facultad de Educación Física fueron los blancos en esta oportunidad. En el establecimiento universitario es muy poco probable que se descubra al autor, ya que el mensaje fue a través de un papel que arrojaron al interior de la sede y, al no haber cámaras de seguridad, no podría ser identificado el autor.
La fiscala Mariana Rivadeneira está a cargo de la investigación de la mayoría de los casos, mientras que el fiscal federal Agustín Chit terminó con los expedientes de la casa de estudios y de los que se registraron en la Sarmiento y el Gymnasium. Fuentes judiciales confirmaron que ambos investigadores acordaron una serie de medidas para avanzar con la pesquisa. Compartir información si es que llega a confirmarse que las amenazas son realizadas por una misma persona (los pesquisas tendría prácticamente descartada este punto) y colaboración a las fuerzas federales para tratar de identificar a los autores.
Ambos funcionarios coincidieron que en caso de encontrarlos, los autores serán imputados del delito de intimidación pública. Por el momento siguen tratando de sumar pruebas en contra de los autores. Para avanzar, pidieron a las prestadoras de servicio que brinden los datos que permitan llegar a los que hicieron las llamadas. Pero las compañías, por el momento, no enviaron los informes donde deberían dar cuenta de los números y los titulares de esas líneas que realizaron la comunicación. “Normalmente tardan entre una y dos semanas, no antes. Muchas veces los responsables de esas firmas fueron trasladados por la fuerza pública para que contestaran lo que queríamos decir”, argumentó una fuente.
En el caso de las notificaciones enviadas por mail, el proceso es más complejo. Las autoridades deben oficiar a las empresas prestadoras (la mayoría no son de la provincia, pero también hay extranjeras) para que identifiquen el IP utilizado. “No siempre da resultados, puesto que algunas personas ‘roban’ el wi-fi de un vecino o pueden utilizar una señal pública”, argumentó un investigador.
“Lo importante de lo que sucede en la provincia es que estamos ante un delito que es punible hasta con el régimen juvenil si es que llega a tener 16 años. En caso de que sea un adulto, tendrá que responder por el delito de intimidación pública”, sostuvo el juez de Niños y Niñas (NyNA) Federico Moeykens. “Si hay un adolescente involucrado, sus progenitores podrían responder por los daños generados al Estado por no haber cumplido con su responsabilidad parental”, agregó el magistrado.
Los inconvenientes que generaron las amenazas en estos días es una de las principales razones por las que los dos fueros decidieron actuar. “Están provocando muchísimos inconvenientes. No se puede tolerar este tipo de situaciones”, destacó un funcionario.
“Debemos actuar acompañando al personal de Bomberos. Nuestra misión es acordonar el área, cortar el tráfico, colaborar con la evacuación, contener a los padres de los estudiantes que vienen desesperados a preguntar qué pasó y después controlarlos en el lugar al que son llevados”, explicó el comisario Christian Peralta, titular de Distritos Urbanos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad estimaron que son al menos 25 los uniformados que intervienen en estos casos. “Tenemos que disminuir el servicio de prevención retirando a los agentes. Estimamos que son 12 las manzanas que quedan afectadas por este movimiento”, destacó un funcionario.
Los Bomberos también sufren los problemas. Cada equipo de intervención está integrado por seis hombres, lo que reduce la capacidad del cuartel. Ayer se dio una situación bastante particular: los servidores públicos asistían a los establecimientos en una camioneta que debía ser parada para que se le haga un service. “Lamentablemente no se pudo cambiar el turno y tuvimos que utilizar una autobomba, lo que es más costoso. Afortunadamente no hubo ninguna otra emergencia”, finalizó el comisario Gabriel López.
El delito de intimidación pública
Artículo 211: Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Datos
Los pesquisas solicitan a las compañías telefónicas que informen los números telefónicos que llamaron a los establecimientos educativos. También piden que identifiquen a los titulares de las líneas.
En los casos que las amenazas fueron enviadas por mail, el trámite de identificación es más lento aún. Los prestadores deben informar el IP del usuario que mandó el mensaje para realizar ese acto intimidatorio.
Existe la posibilidad de que las comunicaciones se hayan hecho a través de un celular prepago cuyos titulares no estén debidamente identificados. En el caso de los mails, los autores pueden haber utilizado una red pública.
Una vez que estén identificados los sospechosos, los investigadores deberán sumar indicios en contra de ellos. Se analizarán los celulares y todos los dispositivos electrónicos que hayan utilizado para encontrar pruebas.
Si se confirma que los autores son menores, afrontarán una acusación, siempre y cuando tengan 16 años. Sus padres, al no cumplir con la resposanbilidad parental, podrían ser demandados por la provincia.